Durante varios días decidí no escribir sobre la muerte de Monika Silva. Como periodista, mi primera reacción fue la misma que la de muchos colegas: intentar comprender lo ocurrido, expresar la impotencia que generan este tipo de noticias y compartir una opinión inmediata. Sin embargo, preferí esperar. Las primeras versiones sobre un hecho suelen estar cargadas de incertidumbre y, en ocasiones, las conclusiones apresuradas terminan alejándonos de la verdad.
No conocí personalmente a Monika Silva. Pero sí conocía parte de su trabajo y de las causas que defendía en Santa Elena. Al revisar su trayectoria encontré algo que me llamó la atención. Su historia pública no comenzó denunciando corrupción. Comenzó mucho antes, interesándose por los problemas de su comunidad, por las necesidades de la provincia y por aquellas situaciones que afectaban directamente a la gente.
Fue precisamente ese involucramiento el que la llevó a encontrarse con una realidad que muchas veces permanece a la vista de todos. La corrupción no siempre se esconde en lugares oscuros. Con frecuencia aparece en decisiones cuestionables, recursos mal utilizados, promesas incumplidas o explicaciones que no terminan de convencer. Está allí, frente a nosotros, aunque pocas personas decidan señalarla.

Mientras revisaba información sobre su trabajo, fue imposible no recordar otros nombres vinculados a Santa Elena, como Robinson del Pezo. Personas que, desde distintos espacios, decidieron involucrarse en asuntos públicos y formular preguntas que incomodaron. También he escuchado durante estos días una frase repetirse una y otra vez. «La gente tiene miedo». Miedo de hablar, de denunciar, de involucrarse y, en algunos casos, de que les ocurra lo mismo que a quienes decidieron alzar la voz. Es una preocupación legítima y que no debería ser minimizada.
Sin embargo, una sociedad no puede construirse únicamente desde el miedo. Cuando el temor termina alejando a las personas de los asuntos públicos, el espacio que deja la participación es ocupado por el silencio. Y el silencio, aunque muchas veces pase desapercibido, también puede convertirse en un aliado de la impunidad.
Mientras escuchaba esos argumentos, no pude evitar preguntarme si estamos observando el problema desde la perspectiva correcta. Si una sola persona puede incomodar tanto al denunciar, ¿qué ocurriría si miles de ciudadanos decidieran ejercer activamente la veeduría social? ¿Qué pasaría si las comunidades se organizaran para vigilar la gestión pública, exigir transparencia, solicitar rendición de cuentas y acompañar los procesos institucionales?

Quizás el problema no sea la falta de personas dispuestas a denunciar, sino la escasez de participación. Cuando la vigilancia de lo público recae sobre unos pocos, el riesgo también termina recayendo sobre unos pocos. Pero cuando una comunidad se involucra, pregunta, fiscaliza y exige respuestas, la corrupción comienza a perder terreno.
Los cambios más profundos rara vez nacen de la confrontación. Suelen surgir de ciudadanos organizados que utilizan las herramientas de la democracia para exigir verdad, transparencia y justicia. Cuando el compromiso deja de ser individual y se convierte en una práctica colectiva, el miedo pierde fuerza y la impunidad comienza a retroceder.
Existe una forma de impunidad de la que pocas veces hablamos. No es únicamente la que nace cuando una infracción queda sin sanción o cuando un delito no encuentra responsables. También existe aquella que se fortalece cuando las personas dejan de actuar, cuando el miedo termina imponiéndose sobre la participación o cuando asumimos que los problemas públicos son responsabilidad exclusiva de otros.
Cada vez que una sociedad deja de involucrarse en sus propios asuntos, abre espacio para que la opacidad avance. Cada vez que el miedo, el cansancio o la indiferencia reemplazan al compromiso ciudadano, quienes actúan al margen de la ley encuentran un terreno más cómodo para operar.
«La búsqueda de la verdad no puede depender del valor de unos pocos; debe convertirse en la responsabilidad de todos.»
Por eso este caso no debería limitarse a una discusión sobre una persona o sobre un hecho puntual. Debería llevarnos a preguntarnos qué tipo de ciudadanía estamos construyendo y cuál es nuestra responsabilidad frente a los problemas que afectan a nuestras comunidades.
Y si algo ha demostrado este caso es que la participación ciudadana sí puede marcar una diferencia. El seguimiento de la comunidad, la atención de los medios de comunicación, la acción de organizaciones sociales y la insistencia de quienes se negaron a dejar que el tema desaparezca de la conversación pública han contribuido a mantener vigentes las preguntas que todavía esperan respuestas.
También es cierto que la dimensión internacional ha dado al caso una visibilidad particular. La nacionalidad polaca de Monika Silva hizo que ciudadanos, organizaciones e instituciones fuera del Ecuador siguieran de cerca el desarrollo de la investigación. Esa atención externa puede ser valiosa, pero también plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos otros casos reciben menos atención porque no cuentan con esa mirada internacional?
La reflexión es necesaria porque la búsqueda de verdad y justicia no debería depender de la presión de actores externos. Debería surgir, en primer lugar, de una ciudadanía comprometida y de instituciones capaces de responder con transparencia ante la sociedad.

Mientras la investigación continúa y las autoridades avanzan en la búsqueda de respuestas, la memoria de Monika Silva empieza a ocupar un espacio en la vida cotidiana de Montañita. El pasado 19 de junio, habitantes del barrio El Tigrillo, sector donde residía, inauguraron un mural en su homenaje. La iniciativa refleja el impacto que tuvo su participación en los asuntos públicos de la provincia y el recuerdo que permanece entre quienes compartieron con ella la vida de la comunidad.
La obra, realizada por los artistas Chris Harold, Juan Rap y Fabián Ortiz, no solo recuerda a una persona. También simboliza el valor que muchos reconocen en quienes deciden involucrarse en los asuntos de su comunidad y negarse a aceptar la indiferencia como respuesta.
Más allá de las conclusiones judiciales que se alcancen, el mural se ha convertido en un espacio de memoria para quienes compartieron sus preocupaciones, acompañaron sus acciones y consideran que los asuntos públicos no son responsabilidad de unos pocos, sino de todos.
Si algo nos enseña la historia es que una sociedad no se transforma cuando unos pocos ciudadanos valientes actúan. Se transforma cuando la mayoría entiende que el destino de una comunidad también es su responsabilidad.
La lección más importante de este caso quizás no sea únicamente recordar a Monika Silva. También es comprender que la participación ciudadana no termina cuando surge una noticia. Continúa mientras existan preguntas por responder y mientras la sociedad mantenga vivo su interés por la verdad.
Porque el silencio favorece a quienes no quieren ser observados. La vigilancia ciudadana, en cambio, fortalece la democracia. Y cuando una comunidad decide no apartar la mirada de los asuntos públicos, la búsqueda de la verdad deja de depender de una sola persona y se convierte en una responsabilidad compartida.