En un mundo hiperconectado, los destinos turísticos compiten día a día por posicionarse en el imaginario colectivo global. Cada país, ciudad o rincón exótico trabaja arduamente por hacernos creer que vale la pena llegar, recorrer, consumir y recordar. Esta lógica, ampliamente difundida por medios, redes sociales e incluso por instituciones educativas, ha consolidado al turismo como una de las industrias más influyentes del siglo XXI. En países como España, con una infraestructura académica robusta, decenas de universidades imparten cátedras sobre gestión turística, marketing territorial y planificación de destinos. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué parte de esa enseñanza no se ha medido con rigor? ¿Qué aprendizajes nos deja a todos cuando el modelo turístico comienza a mostrar grietas?
El caso de Galápagos, en Ecuador, sirve como advertencia. A pesar de su estatus como Patrimonio Natural de la Humanidad, el archipiélago tuvo que imponer restricciones severas al ingreso de turistas tras comprobar que el turismo masivo ponía en riesgo sus ecosistemas, sus comunidades y su sostenibilidad a largo plazo. Hoy, una situación similar comienza a evidenciarse en España.
Una marea ciudadana que recorre el sur de Europa
En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles en distintas ciudades españolas con un mensaje claro y urgente: “Decrecimiento turístico ya”. Las movilizaciones, organizadas en lugares como Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián y Granada, no son hechos aislados, sino parte de una corriente cada vez más estructurada y visible que denuncia las consecuencias sociales, ambientales y económicas del modelo turístico actual.
Las protestas forman parte de una movilización internacional articulada por la red Sur de Europa frente a la turistificación (SET), que conecta plataformas ciudadanas en España, Italia, Portugal y Francia. En Palma de Mallorca, unas 8 000 personas marcharon para exigir medidas contra la gentrificación y la escalada de precios de la vivienda, mientras que en Barcelona, más de 600 manifestantes recorrieron el centro histórico disparando simbólicamente pistolas de agua contra turistas para visibilizar lo que consideran una invasión que “nos roba pan, techo y futuro”.
En San Sebastián, los carteles decían “Más residentes, menos clientes”, en alusión al creciente número de viviendas convertidas en alojamientos turísticos. En el caso de Granada, los reclamos se centraron en la protección de barrios como El Albaicín, donde residentes denuncian la pérdida de identidad y expulsión de vecinos a causa de la turistificación.
Las voces detrás del malestar
Las principales plataformas que impulsan estas protestas, como Canarias tiene un límite, Ciutat per a qui l’habita (Barcelona) o Vecinos de Palma Activa, coinciden en sus demandas: imponer moratorias a las licencias de pisos turísticos, regular de forma más estricta plataformas como Airbnb, limitar la entrada diaria de cruceros y vuelos low-cost, y reorientar la inversión pública hacia un modelo turístico diversificado y sostenible. “Estamos perdiendo nuestras ciudades. Nos convertimos en decorado para turistas mientras nuestros jóvenes no pueden alquilar una habitación”, afirmó en declaraciones a la prensa Aina Bonet, portavoz de Ciutat per a qui l’habita.
Respuestas institucionales: entre la regulación y el desconcierto
El gobierno español, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha comenzado a tomar medidas. El ministro Jordi Hereu anunció que desde el 1 de julio de 2025, todos los alojamientos turísticos deben estar registrados oficialmente en un sistema nacional. La medida pretende combatir el crecimiento descontrolado de la oferta ilegal. Sin embargo, los datos revelan brechas: en Madrid, el 90 % de los pisos turísticos no está registrado, mientras que en Barcelona y Málaga se han alcanzado tasas de cumplimiento del 64 % y 85 % respectivamente.
A nivel local, ayuntamientos como el de Barcelona han incrementado la tasa turística para cruceros y han congelado nuevas licencias de alojamientos turísticos. Pero según los colectivos ciudadanos, estas medidas llegan tarde y no resuelven el problema de fondo: el modelo extractivo de un turismo que beneficia a pocos y expulsa a muchos.
El papel de la OMT y la presión europea
Desde la sede madrileña de ONU Turismo (OMT), el organismo internacional ha llamado a los países a revisar su modelo de desarrollo turístico. Entre sus recomendaciones se encuentran la diversificación de destinos, la gestión de capacidad de carga en zonas sensibles y la implementación de una fiscalidad verde para redistribuir los beneficios de forma más equitativa.
«La sostenibilidad no es un adorno, es la única forma de que el turismo tenga futuro», declaró Zurab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo.
¿Turismofobia o demanda legítima?
Mientras los sectores empresariales del turismo advierten sobre los “riesgos de criminalizar una de las industrias clave del país”, los manifestantes rechazan el término turismofobia, que consideran una estrategia para deslegitimar sus reclamos. “No es odio al turista, es defensa del derecho a vivir dignamente en tu barrio”, sostienen desde las plataformas vecinales.
España recibió más de 94 millones de visitantes en 2024, y se prevé que esta cifra vuelva a romper récords en 2025. El reto, sin embargo, no está en la cantidad, sino en cómo se reparte ese impacto.
Un punto de inflexión
Las protestas contra el turismo masivo han marcado un punto de inflexión en la conciencia ciudadana. El modelo actual, basado en el crecimiento continuo de la llegada de visitantes, está siendo cuestionado por amplios sectores que exigen reglas claras, equidad y respeto por la vida local.
La disyuntiva ya no es “turismo sí o no”, sino qué tipo de turismo queremos y para quién. España se enfrenta así a una oportunidad histórica: redefinir su principal motor económico para que deje de ser una fuerza de desplazamiento y se convierta en una herramienta de bienestar compartido.
