Cada 22 de mayo, Ecuador conmemora el Día del Árbol, una fecha que busca destacar la importancia de preservar nuestros bosques como pilares de la biodiversidad y el equilibrio climático. Este año, sin embargo, la celebración se ve eclipsada por una realidad alarmante: el 41 % de las especies de árboles endémicos de la Amazonía ecuatoriana están en alto riesgo de extinción.
Así lo revela un estudio reciente desarrollado por la Universidad de las Américas (UDLA) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), basado en más de tres décadas de registros científicos. Las especies arbóreas de menor porte, con distribución geográfica restringida y características reproductivas limitadas, son las más vulnerables. Además, se estima que el 21 % de los bosques donde habitan estas especies ya han sido deforestados, y que para 2023 la pérdida de cobertura forestal en la Amazonía ecuatoriana alcanzó el 27 %.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales y del financiamiento internacional recibido —más de 100 millones de dólares provenientes del Fondo Verde para el Clima y de los gobiernos de Alemania y Noruega, destinados a la implementación del Plan de Acción REDD+—, los datos del estudio evidencian una desconexión preocupante entre los recursos asignados y los impactos reales sobre la conservación de la biodiversidad.
Los recursos existen, pero su impacto en la conservación sigue siendo cuestionable.
Este contraste sugiere —según un análisis editorial de El Costanero— que, aunque existen iniciativas en curso, persisten vacíos estructurales en la ejecución, fiscalización y sostenibilidad de las políticas públicas ambientales. Las causas posibles de esta brecha incluyen la fragmentación institucional, la débil articulación con los territorios indígenas, la falta de mecanismos eficaces de monitoreo, y una tendencia a priorizar acciones de corto plazo frente a los desafíos sistémicos de la conservación.
En este contexto, el Día del Árbol no debe ser una fecha simbólica más en el calendario ambiental. Debe constituir un momento de reflexión y acción. Urge revisar con sentido crítico las estrategias de conservación implementadas, auditar técnicamente el uso de los fondos internacionales, y fortalecer la transparencia en la gestión ambiental. Sólo así será posible asegurar que cada dólar invertido y cada árbol protegido se traduzcan en resultados tangibles para la biodiversidad, los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos.
Ecuador todavía está a tiempo de corregir el rumbo. La voluntad política, el compromiso técnico y la vigilancia ciudadana son esenciales para garantizar que la Amazonía no se convierta en un testimonio más de lo que fue y no supimos proteger.
