Caminar por una ciudad, utilizar el transporte público, ingresar a una institución o disfrutar de una playa son actividades que forman parte de nuestra vida cotidiana. Las realizamos sin pensar demasiado en las condiciones que nos permiten desplazarnos, hasta que conocemos a alguien para quien esos mismos recorridos representan dificultades. Una escalera demasiado alta, un mostrador fuera de su alcance o un conductor que no espera el tiempo necesario para que una persona suba al autobús pueden convertir una actividad sencilla en una experiencia incómoda, insegura y, en ocasiones, humillante.
Durante las cuatro entregas anteriores de esta serie revisamos cómo Ecuador ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, las políticas públicas desarrolladas para atenderlas, las irregularidades que afectaron al sistema de acreditación y las dificultades que enfrentan algunas familias para acceder a medicamentos, terapias y ayudas económicas. Para concluir este recorrido nos acercamos a otra realidad que influye directamente en la calidad de vida de las personas. La manera en que organizamos nuestras ciudades y las oportunidades que ofrecemos para que todos puedan participar en la vida comunitaria.
En esta última entrega conocemos la experiencia de Kerly Pozo, una mujer de talla baja que enfrenta barreras en actividades que otros realizamos sin dificultad, y el trabajo de Francisco Ching, un joven universitario que decidió investigar la accesibilidad en el cantón Santa Elena y llevar una propuesta hasta sus autoridades municipales. Sus experiencias nos permiten mirar este tema desde la vida cotidiana y desde las posibilidades que existen para mejorarla.
Kerly Pozo y las dificultades que otros no siempre vemos
Kerly Lizbeth Pozo Tomalá vive en la parroquia Colonche, provincia de Santa Elena. Es una mujer de talla baja y cuenta con un reconocimiento de discapacidad del 44 %. Desde pequeña tuvo que enfrentar burlas y situaciones de discriminación relacionadas con su estatura. Con el tiempo ha aprendido a desenvolverse con autonomía, pero eso no significa que los lugares que frecuenta estén preparados para responder a sus necesidades. En bancos y establecimientos donde debe realizar trámites, por ejemplo, la altura de los mostradores puede convertirse en una dificultad. Lo mismo ocurre con algunas escaleras, baños y espacios públicos diseñados sin considerar que las personas tienen características físicas diferentes.
Uno de los aspectos que más le preocupa es el transporte. Kerly relató que en varias ocasiones ha sufrido golpes y caídas al subir o bajar de los autobuses porque algunos conductores no le conceden el tiempo necesario para hacerlo con seguridad. A pesar de esas experiencias, continúa utilizando el servicio para cumplir con sus actividades. Su testimonio muestra que las dificultades no siempre están relacionadas con la infraestructura. En ocasiones bastaría con que alguien comprendiera que no todos necesitamos el mismo tiempo para subir un escalón o abordar un vehículo.
A Kerly también le gusta disfrutar de las playas, asistir a conciertos y participar en actividades sociales. Sin embargo, algunos accesos, baños y escaleras limitan sus posibilidades de hacerlo con comodidad. Determinadas piscinas le generan inseguridad por su profundidad y, cuando asiste a eventos concurridos, la altura de las personas que la rodean puede impedirle disfrutar plenamente de lo que ocurre. Son situaciones que permiten comprender que la accesibilidad tiene distintas dimensiones y que una solución pensada para una persona que utiliza silla de ruedas no necesariamente resuelve las dificultades de alguien de talla baja.
En el ámbito laboral ha enfrentado experiencias similares. Durante un trabajo de campo solicitó un cambio de área porque determinadas tareas resultaban difíciles de realizar de manera segura debido a su estatura. Según su testimonio, no recibió la respuesta que esperaba. Kerly no buscaba dejar de trabajar, sino encontrar condiciones que le permitieran desempeñar sus funciones de acuerdo con sus capacidades. Cuando conversamos sobre lo que considera necesario cambiar, habló de oportunidades, de respeto y de la importancia de ser reconocida por sus conocimientos y habilidades, sin que su estatura determine la manera en que los demás la valoran.
Escucharla nos permite comprender que las barreras no siempre impiden realizar una actividad, pero pueden hacerla más difícil, insegura o dependiente de la ayuda de otras personas. También nos recuerda que las personas con discapacidad tienen proyectos, aspiraciones y capacidades que merecen encontrar oportunidades para desarrollarse. La inclusión comienza cuando dejamos de mirar únicamente una condición física y reconocemos a la persona que está frente a nosotros.
Francisco Ching y una propuesta que llegó al Municipio de Santa Elena
Francisco David Ching Gómez es estudiante de Gestión Social y Desarrollo de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Como parte de su formación académica decidió investigar las condiciones de inclusión y accesibilidad que enfrentan las personas con discapacidad en el cantón. Su trabajo identifica barreras físicas, comunicacionales, tecnológicas, institucionales y sociales, además de las diferencias territoriales que pueden dificultar el acceso a los servicios y la participación comunitaria.
Una de las preocupaciones que surgieron durante su investigación fue la necesidad de conocer mejor las condiciones de vida de esta población. Los registros administrativos ofrecen información importante, pero las cifras por sí solas no permiten comprender las dificultades que enfrenta una persona para llegar a un centro de salud, utilizar el transporte público o realizar un trámite. También es necesario escuchar a las familias, conocer las condiciones de las comunidades y reconocer que las necesidades pueden ser distintas entre una cabecera cantonal y una parroquia rural.
A partir de ese trabajo, Francisco elaboró una propuesta académica de política pública cantonal para la inclusión, accesibilidad universal y garantía de derechos de las personas con discapacidad. El documento plantea alternativas relacionadas con la planificación, la atención institucional, la eliminación de barreras y la coordinación entre entidades. El 24 de agosto de 2026 presentó formalmente la propuesta ante la Comisión de Equidad y Género del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena, presidida por la concejala Valeria Bohórquez Borbor.
El 9 de septiembre, mediante el oficio GADMSE N.º 027-VLBB-SC-2026, la concejala comunicó al Consejo Cantonal para la Protección de Derechos que la máxima autoridad municipal había autorizado dar continuidad al proceso solicitado y pidió coordinar una etapa de validación participativa. El documento, recibido el 10 de septiembre, contempla espacios de trabajo con personas de distintas edades y discapacidades, provenientes de la cabecera cantonal, parroquias rurales y comunidades, así como con organizaciones, familias y cuidadores.
Conviene precisar que esta propuesta todavía no constituye una ordenanza aprobada. La documentación revisada confirma su presentación formal y la solicitud de coordinar una etapa de validación. Su eventual desarrollo dependerá de los aportes recogidos durante ese proceso y de las evaluaciones técnicas, jurídicas y presupuestarias que correspondan. El avance es importante porque abre la posibilidad de que una investigación universitaria forme parte de una discusión institucional, aunque todavía queda un camino por recorrer antes de que sus planteamientos puedan convertirse en decisiones públicas.
La experiencia de Kerly ayuda a comprender el valor que tendría una participación de esta naturaleza. Las personas que enfrentan diariamente las dificultades del transporte, los establecimientos y los espacios recreativos pueden aportar conocimientos que no siempre aparecen en un informe técnico. Escucharlas desde el comienzo permitiría revisar las propuestas, establecer prioridades y evitar que se destinen recursos a intervenciones que no respondan a sus necesidades.
Ciudades que crecen y responsabilidades que permanecen
En Ecuador solemos asociar el desarrollo urbano con nuevas calles, edificios, parques y obras de infraestructura. Son intervenciones necesarias, pero su verdadero aporte a la comunidad también depende de las condiciones que ofrecen a quienes las utilizan. Una ciudad puede contar con espacios renovados y mantener dificultades para las personas con discapacidad, los adultos mayores, las familias que se desplazan con niños pequeños o quienes atraviesan una limitación temporal de movilidad.
Nuestro país cuenta con disposiciones legales y normas técnicas relacionadas con la accesibilidad. La Constitución reconoce derechos específicos de las personas con discapacidad y existen criterios para el diseño de vías peatonales, rampas, estacionamientos, servicios higiénicos y edificaciones. Los gobiernos municipales tienen responsabilidades en la planificación territorial, el uso del suelo y los espacios públicos, además de determinadas competencias vinculadas con el tránsito y el transporte. Estas obligaciones deben reflejarse en la manera en que se proyectan, ejecutan y mantienen las obras.
Sin embargo, la existencia de normas no garantiza que las condiciones sean adecuadas. Una rampa deteriorada, una acera ocupada por vehículos o un baño accesible que permanece cerrado pueden dejar sin efecto una inversión pública. En las parroquias rurales y comunidades, las distancias y las limitaciones del transporte pueden añadir nuevas dificultades para recibir atención o participar en actividades. Por eso, la accesibilidad necesita formar parte de una planificación que considere las características de cada territorio y las experiencias de quienes lo habitan.
También existe una responsabilidad que no corresponde exclusivamente a las instituciones. La manera en que utilizamos los espacios públicos y tratamos a las personas puede facilitar o dificultar su vida cotidiana. Respetar un estacionamiento reservado, permitir que alguien suba al autobús sin apresurarlo o atender con consideración a una persona que necesita más tiempo para realizar un trámite son gestos sencillos que expresan una forma de convivencia más respetuosa.
La empatía no consiste en sentir lástima ni en suponer que las personas con discapacidad necesitan que otros decidan por ellas. Significa reconocer sus derechos, respetar su autonomía y comprender que no todos necesitamos las mismas condiciones para participar. Esa sensibilidad debe acompañarse de oportunidades reales en la educación, el trabajo, la salud y los espacios comunitarios.
Las próximas elecciones y las ciudades que queremos construir
Ecuador se prepara para un nuevo proceso de elecciones seccionales y, durante los próximos meses, escucharemos propuestas relacionadas con obras públicas, transporte, mejoramiento vial, recuperación de parques y desarrollo urbano. En medio de esas ofertas, la accesibilidad merece ocupar un lugar importante, porque las decisiones de los gobiernos municipales influyen directamente en las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
Quienes aspiran a dirigir nuestros municipios deberían incorporar estas necesidades en sus planes de trabajo, con propuestas que permitan conocer qué intervenciones consideran prioritarias, cómo podrían financiarse y de qué manera participarían las personas con discapacidad en las decisiones que las afectan. También corresponde revisar las condiciones de los servicios existentes y establecer compromisos de mantenimiento, supervisión y seguimiento, para que las mejoras no dependan únicamente de una obra inaugurada durante una administración.
La ciudadanía tiene una responsabilidad igualmente importante. Elegir autoridades implica conocer sus propuestas, comprender las competencias de los gobiernos locales y mantener el interés por las decisiones que se toman después de las elecciones. Las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones deben tener oportunidades para participar en ese proceso, pero el compromiso no puede quedar solamente en sus manos. La construcción de comunidades inclusivas también nos corresponde a quienes compartimos las calles, los servicios y los espacios públicos.
Desde la Escuela de Ciudadanía de El Costanero consideramos que este proceso electoral puede ayudarnos a mirar con mayor atención necesidades que han estado presentes durante años. La accesibilidad no debería convertirse en una promesa ocasional ni limitarse a determinadas conmemoraciones. Merece incorporarse a las prioridades municipales como parte de una visión de desarrollo que reconozca las diferencias y procure mejores condiciones de vida para todos.
Llegar hasta el mar, una propuesta que quedó pendiente
Mientras desarrollaba esta investigación, las experiencias de Kerly y Francisco me llevaron a recordar un proyecto relacionado con el turismo accesible en el que participé hace algunos años. Mi acercamiento a este tema surgió desde el ámbito turístico, cuando comencé a comprender que un destino no podía evaluarse únicamente por sus atractivos o por la cantidad de visitantes que recibía. También era importante considerar si las personas tenían condiciones para recorrerlo, utilizar sus servicios y disfrutar de sus espacios con seguridad y autonomía.
En el ámbito de la Asociación Nacional de Turismo Ecuestre desarrollamos el proyecto «Implementación de Playa Inclusiva, Accesible y Sostenible para el cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas». La propuesta buscaba facilitar el acceso a la playa de personas con discapacidad o movilidad reducida, permanente o temporal, mediante infraestructura y servicios adecuados. Contemplaba camineras, rampas, baños accesibles, sillas acuáticas para niños y adultos, asistencia y medidas de seguridad que permitieran disfrutar de este espacio recreativo en mejores condiciones.
El proyecto no llegó a ejecutarse, pero conservé su documentación y nunca perdí del todo el interés por aquella iniciativa. Al escuchar a Kerly hablar de las dificultades que encuentra en algunos espacios turísticos, recordé las necesidades que habíamos intentado atender. Después, al conocer el trabajo de Francisco, pensé que aquella experiencia podía compartirse y ofrecer algunos antecedentes para nuevas propuestas, aunque corresponda a otro territorio y a un momento diferente.
Me gustaría poner el documento a su disposición para que pueda revisarlo y, si considera que alguno de sus componentes resulta útil, tomarlo como referencia para su investigación. Naturalmente, cualquier posibilidad de retomar aquella iniciativa requeriría actualizar sus aspectos técnicos, ambientales, institucionales y presupuestarios, además de incorporar la participación de las personas que utilizarían ese espacio. Mi intención es compartir una experiencia que quedó pendiente y que todavía puede aportar aprendizajes.
Del derecho a la realidad
Con esta quinta entrega concluimos un recorrido por distintas dimensiones de la discapacidad en Ecuador. Revisamos la evolución de los derechos, las políticas públicas desarrolladas desde el Estado, las irregularidades que afectaron la confianza en los sistemas de acreditación y las dificultades que enfrentan las familias para acceder a atención y apoyos. Los testimonios de Evelyn, Pedro y Kerly, junto con la investigación de Francisco, nos permitieron acercarnos a realidades que no pueden comprenderse únicamente desde las leyes o las estadísticas.
Durante esta serie encontramos historias de esfuerzo, de familias que buscan respuestas y de personas que desean trabajar, estudiar, movilizarse y participar sin encontrar obstáculos innecesarios. También conocimos iniciativas que muestran la importancia de investigar, escuchar y llevar propuestas a las instituciones. Cada experiencia nos recuerda que detrás de un trámite, una cifra o una decisión pública existen personas cuyas vidas pueden mejorar cuando sus necesidades son atendidas con responsabilidad.
De cara a las próximas elecciones seccionales, esperamos que estas historias contribuyan a una conversación más humana sobre las prioridades de nuestros municipios. Necesitamos autoridades que escuchen y planifiquen, instituciones que cumplan sus responsabilidades y ciudadanos dispuestos a participar y respetar las diferencias. La solidaridad también se expresa en las decisiones que tomamos como comunidad y en la atención que ofrecemos a quienes encuentran mayores dificultades para ejercer sus derechos.
Al volver a las páginas de aquel proyecto de playa inclusiva, reconozco que todavía existe una oportunidad para compartir lo aprendido y permitir que otras experiencias contribuyan a revisar su propósito. El proyecto quedó inconcluso, pero el anhelo permanece. Que una discapacidad permanente o una dificultad temporal de movilidad no determine quién puede disfrutar de una playa y quién debe quedarse mirando el mar desde lejos.
Ese mismo deseo debería acompañarnos cuando pensamos en nuestras calles, en el transporte, en los servicios públicos y en los lugares donde transcurre nuestra vida cotidiana. Construir una sociedad más inclusiva requiere decisiones públicas y recursos, pero también la disposición de reconocer al otro con respeto, comprender sus dificultades y hacer nuestra parte para que pueda participar con dignidad en la comunidad que compartimos.
Nos encontraremos pronto en una nueva serie que ya estamos preparando. Detrás de cada entrega está mi compromiso de vincular la experiencia con lo que acontece en el ámbito público y aportar, desde el periodismo, a una ciudadanía más informada y consciente.
Los invito a seguir acompañándonos, a compartir nuestras investigaciones y a mantener abiertas estas conversaciones. Su participación nos anima a continuar este trabajo, porque conocer nuestra realidad también es el primer paso para transformarla.
Gracias por estar aquí. Hasta pronto.
Fuentes consultadas y testimonios
- Kerly Lizbeth Pozo Tomalá. Testimonio recogido para El Costanero sobre las barreras de accesibilidad, la movilidad, la inclusión laboral y las experiencias cotidianas de las personas de talla baja en Santa Elena.
- Francisco David Ching Gómez. Entrevista y propuesta académica de política pública cantonal sobre inclusión, accesibilidad universal y derechos de las personas con discapacidad en Santa Elena. Universidad Estatal Península de Santa Elena.
- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Elena. Oficio N.º GADMSE-027-VLBB-SC-2026, del 9 de septiembre de 2026, relacionado con la coordinación del proceso de validación participativa de la propuesta.
- Constitución de la República del Ecuador. Disposiciones sobre igualdad, derechos de las personas con discapacidad y responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados.
- Ley Orgánica de Discapacidades y normativa ecuatoriana de accesibilidad. Marco legal y técnico para la protección de derechos y la eliminación de barreras.
- Asociación Nacional de Turismo Ecuestre. Documento del proyecto «Implementación de Playa Inclusiva, Accesible y Sostenible para el cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas». Iniciativa no ejecutada.
- Escuela de Ciudadanía de El Costanero. Entrevistas, testimonios y documentación recopilada durante las cinco entregas de la serie «Discapacidad, del derecho a la realidad».
Nota editorial | Las fuentes consultadas para esta investigación pueden solicitarse por escrito a El Costanero, indicando el propósito y el uso que se dará a la información.
