La decisión de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS) de ofrecer un espacio institucional a un exmandatario cuya situación judicial aún no ha sido plenamente resuelta ha encendido un debate necesario sobre el papel de las universidades en la vida política de un país.
No se trata de cuestionar la autonomía universitaria ni de limitar el debate plural dentro de la academia. Todo lo contrario: la universidad debe ser un espacio de diálogo abierto, pensamiento crítico y formación ciudadana. Pero justamente por eso, su rol en la esfera pública no puede desligarse de la responsabilidad ética que le corresponde como institución de conocimiento y formadora de criterio.
En un país donde el Estado de derecho lucha por consolidarse y la confianza en las instituciones se ve constantemente erosionada, los gestos simbólicos cobran peso. Ofrecer una tribuna académica a figuras públicas con cuentas pendientes ante la justicia, sin un marco de reflexión crítica ni la participación de voces diversas, puede interpretarse, y con razón, como una forma de legitimación anticipada.
El derecho a expresarse no debe confundirse con el derecho a ser validado por espacios académicos que, por su autoridad moral, tienen la capacidad de influir en la opinión pública y en la percepción colectiva. La universidad no está llamada a emitir juicios judiciales, pero sí tiene el deber de proteger el sentido de integridad que debe guiar la formación de nuevas generaciones.
La academia no es neutral si, en nombre de la apertura, olvida su deber con la verdad, la justicia y la ética pública. La neutralidad mal entendida puede convertirse en complicidad pasiva. Y en tiempos donde el descrédito y la polarización amenazan la convivencia democrática, las universidades deben ser faros de criterio, no cajas de resonancia de intereses particulares.
Desde este espacio, reivindicamos el valor de la universidad comprometida con su tiempo, con su país y con los principios que la sostienen: pensamiento crítico, pluralismo responsable y defensa irrestricta de la ética pública.
