Para la mayoría de Ecuatorianos es notorio que el país no ha logrado salir del estado situacional de crisis generalizada que lo mantienen agobiado y que no permiten que el Ecuador levante cabeza. La información que se emite en los distintos indicadores sobre los cuales se puede decir que dependen el nivel de desarrollo que logra alcanzar un país, una buena parte de los mismos, aparecen en el semáforo en color rojo.
Los homicidios o muertes violentas en los últimos cinco años, es decir, desde el 2021 al 2025, registran un total de 31.509 asesinatos. El 2023 que se pensaba seguiría siendo el año más violento hasta antes de tener las cifras del 2025, para ese año ocurrieron en el país un total de 8.248 casos. El 2025 cerraría convirtiéndose en el año más violento entre los señalados con un total de 8.847 casos. Al parecer lo establecido en el decreto ejecutivo del 9 de enero del 2024. Artículo 1. Reconocer la existencia de un conflicto armado interno, sobre la base de la parte considerativa del presente Decreto y la normativa vigente aplicable, no ha conseguido los resultados que el gobierno le prometió a la sociedad ecuatoriana, devolver la paz y el control categórico del crimen organizado.
Evidentemente los hechos y los datos demuestran que el problema sigue vigente y cada vez se maximiza y deja a una buena parte de la población en un escenario de absoluta vulnerabilidad, mostrando así, que “el conflicto armado interno” y que las estrategias utilizadas por el gobierno, se mantienen con saldo negativo en estos dos años de gestión del presidente Daniel Noboa.
La capacidad instalada del sistema carcelario, está diseñada para albergar a 27.714 personas, pero el total de la población penitenciaria rebasa esa capacidad, actualmente se encuentran recluidas en el sistema 33.548 personas, esto implica que existe un porcentaje de hacinamiento del 21,05%, de acuerdo a datos de los Registros administrativos de los Centros de Privación de la Libertad. El presupuesto asignado USD182.975.006 y lo devengado, alcanzó la cifra de USD 108.321.890, es decir el 59,20% ejecutado, por debajo de la meta promedio.
El portal digital de FRANCE24 señala que en las cárceles ecuatorianas se diagnosticaron a 400 PPL con tuberculosis y que alrededor de 10 perdieron la vida como resultado de este brote epidemiológico. PRIMICIAS indica que, desde inicios de la crisis de violencia en las cárceles del país, se han originado 20 masacres carcelarias, dejando un saldo de 553 víctimas. Entre noviembre del 2024 y noviembre del 2025, 87 PPL han perdido la vida en este tipo de eventos violentos, hubo tres masacres en las cárceles de Esmeraldas y Machala. El saldo fue de 65 asesinados, en 48 días: uno cada 18 horas.
Esto nos conduce a la reflexión que la política para el sistema carcelario y de rehabilitación de las personas privadas de la libertad es inexistente, y que lo que sí a existido es una suerte del dejar hacer y dejar pasar, bajo la narrativa institucionalizada de “se están matando entre ellos” omitiendo el rol y responsabilidad que tiene el gobierno, así como el Estado en garantizar constitucionalmente la preservación de la vida de las personas privadas de la libertad.
Las noticias de la crisis de la seguridad social, el desabastecimiento de sus unidades médicas, se constituyeron en estos últimos años en el escenario recurrente en este servicio.
Otro aspecto crucial donde la balanza se inclina hacia saldo en rojo, es el sistema de salud. La regla general y denominador común en estos años en la atención de salud ha sido la precarización del sistema, desde los elementos más esenciales hasta los más importantes. Los ciudadanos y usuarios del sistema han caído en la experiencia de la desesperanza a la hora de buscar atención en algún hospital, centro o subcentro de salud.
De acuerdo con información de GK. City, 421 millones de dólares ha sido el recorte en el presupuesto para el sistema de salud en los últimos tres años. En el 2023 fueron asignados $ 3.219 millones de dólares, para el 2024, $ 2.959, y el 2025, $ 2.798 millones de dólares. Hasta el primer semestre de este año, la ejecución presupuestaria apenas alcanzaba el 11,86%. Para la compra de equipos médicos se asignó $ 277 millones, pero apenas se han invertido $ 16 millones, es decir, el 6%. Las derivaciones también se vieron afectadas, en 2023 se asignaron $ 366 millones, en el 2024 se redujo a 84 millones y para el 2025 a 12,8 millones. El resultado, es que, miles de personas han quedado sin recibir la atención medica que solicitan.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuenta con tres niveles de atención en salud, en el primer nivel existen 46 unidades categorizadas en A, B y C. En el segundo nivel existen 53 unidades, divididas en 13 centros de especialidades, 19 hospitales del día, 6 hospitales básicos y 15 hospitales generales. En el tercer nivel existen 3 hospitales de especialidades. Las noticias de la crisis de la seguridad social, el desabastecimiento de sus unidades médicas, se constituyeron en estos últimos años en el escenario recurrente en este servicio.
A todo esto, se abona el manejo administrativo inadecuado y el constante manoseo político por parte de los gobiernos de turno, que no ven otra cosa, sino, una caja chica de la que creen disponer, produciendo grandes afectaciones a los recursos que genera esta institución como resultado de las aportaciones, mismas que no se ven traducidas en hospitales con atención eficiente y con los recursos logísticos y de talento humano necesarios para una adecuada atención a los pacientes. Una de las intenciones por ejemplo del actual gobierno y en declaraciones del mandatario, es que, los usuarios del IESS, “pasaran a ser atendidos en los hospitales y centros de salud del ministerio de salud pública”. Argumentando que el IESS debe funcionar como una «caja» enfocada en pensiones e inversiones, no en administrar hospitales, para optimizar recursos y eliminar duplicidad de sistemas.
La deuda histórica que el Estado mantiene con el IESS, suma la cantidad de USD 24.233 millones. Esto supera los gastos de todo el presupuesto general del Estado en 2025, que llega a USD 23.230 millones. El rubro de la deuda más alto es en salud; USD 17. 578 millones, seguido por el de pensiones; USD 6.352 millones y, por último, el rubro de devolución del IVA; USD 303 millones. A esto también se le debería sumar que: el IESS a adquirido bonos del Estado en; USD 11. 209 millones para inyectar liquidez al Ministerio de Finanzas. Bajo el escenario de malos manejos y de deuda alarmante, es como se ha dirigido esta institución que hoy agoniza en presencia de todos sus aportantes, pensionistas y usuarios de salud, son quienes diariamente sufren el embate de toma de decisiones inadecuadas y desacertadas.
¿Es necesario seguir repitiendo la formula administrativa que hasta este momento persiste en el IESS?, ¿es necesario que el ejecutivo tenga un representante que no garantiza la transparencia?, sino más bien, parecería ser que son ubicados en esos espacios para poner a andar la maquinaria del lobbismo constante y custodiar los intereses no de los afiliados y pensionistas, sino, de un círculo opaco que opera desde las sombras y que solo cambian los actores pero el método sigue siendo el mismo, desfondar a la institución y poner en riesgo la vida, la salud y las pensiones de los afiliados.
