La capacidad de prever a largo plazo en la planificación urbana y de los servicios públicos es una de las funciones más importantes del Estado. Cuando esa previsión falla, los territorios comienzan a enfrentar problemas que van desde el deterioro de los servicios básicos hasta dificultades para sostener su propio desarrollo económico.
Esta reflexión me lleva a recordar una experiencia de formación que realicé en Israel, en el Histadrut International Institute for Leadership Development. Allí, una de las lecciones centrales fue comprender que la planificación pública no responde al presente, sino al futuro.
Las ciudades y los territorios deben anticiparse al crecimiento poblacional, a la expansión urbana y al aumento de la demanda de servicios. Cuando esto no ocurre, el desarrollo termina superando la capacidad de la infraestructura.
Algo muy parecido parece estar ocurriendo hoy en la provincia de Santa Elena.
En las últimas semanas se han registrado cortes de energía eléctrica en distintos sectores de la península. La población ha comenzado a resentir estas interrupciones, que afectan la vida cotidiana de los residentes y el funcionamiento de actividades económicas vinculadas al comercio y al turismo.
Según la información difundida por autoridades del sector energético, los cortes no responden a un racionamiento nacional como el que vivió Ecuador entre 2023 y 2024, sino a un problema técnico localizado en la infraestructura eléctrica que abastece a la provincia.
El origen inmediato de las interrupciones registradas desde finales de febrero de 2026 está relacionado con una falla en la subestación Santa Elena, operada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC). El 28 de febrero se produjo un evento técnico en esa instalación que provocó la desconexión de carga hacia la empresa distribuidora Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), ocasionando cortes del servicio en distintos sectores mientras los técnicos revisaban el equipamiento.
Reportes posteriores señalaron que el problema estaría vinculado con la sobrecarga de un autotransformador de gran capacidad instalado en la subestación. Este equipo, de aproximadamente 224 MVA, estaría operando cerca de su límite, lo que reduce la capacidad de abastecimiento eléctrico para la península.
Mientras se realizan trabajos para reforzar o reemplazar el sistema, CNEL EP ha publicado cronogramas de suspensión temporal del servicio en distintos barrios y zonas turísticas. En algunos casos, los cortes han durado más de dos horas y se han repetido en diferentes franjas horarias, afectando cantones como Salinas, La Libertad y la propia ciudad de Santa Elena.
Aunque se trata de un problema técnico puntual, el episodio ocurre dentro de un contexto nacional más amplio. Entre 2023 y 2024, Ecuador atravesó una grave crisis eléctrica provocada por la sequía que redujo el nivel de los embalses hidroeléctricos, de los cuales depende gran parte de la generación energética del país. Ese escenario dejó al sistema con menor capacidad de reserva, lo que hace que fallas localizadas en subestaciones o transformadores puedan provocar interrupciones regionales.
“El desarrollo turístico sostenible no depende solo del atractivo del paisaje. Depende de la capacidad de las instituciones para planificar y gobernar el territorio.”
— Olga C. Guerra Pizarro
Más allá de la explicación técnica inmediata, estos eventos vuelven a plantear una pregunta de fondo: ¿está preparada la infraestructura de la provincia para el crecimiento que vive el territorio?
Santa Elena no solo atiende a su población residente. Durante feriados, vacaciones y temporadas altas, la llegada de visitantes multiplica la demanda de servicios. Hoteles, restaurantes, comercios, urbanizaciones y nuevas zonas residenciales aumentan la presión sobre sistemas que muchas veces fueron diseñados para una realidad demográfica distinta.
El sistema eléctrico es solo un ejemplo. Desde hace años, el abastecimiento de agua potable también enfrenta dificultades relacionadas con la capacidad de captación y distribución, así como con el crecimiento urbano acelerado que experimenta la península.
En territorios turísticos, la estabilidad de los servicios básicos es una condición esencial para la vida cotidiana y para el desarrollo económico. La energía eléctrica, el agua potable, el manejo de desechos y la seguridad pública forman parte de la infraestructura que sostiene la actividad turística.
A este escenario se suma otro factor que preocupa cada vez más a la ciudadanía: el incremento de la inseguridad vinculada al crimen organizado en distintas zonas del país, incluida la región costera. La seguridad es un elemento central para la vida de los habitantes y para la sostenibilidad del turismo como actividad económica.
Pero junto a estos desafíos emerge también un debate cada vez más presente en la opinión pública: la gestión institucional y la percepción de corrupción en algunas entidades públicas.
Investigaciones periodísticas recientes han señalado irregularidades en procesos de contratación pública relacionados con obras y servicios en la provincia, así como cuestionamientos sobre la gestión de tierras públicas y la adjudicación de determinados contratos. Estas denuncias alimentan un clima de creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Cuando los problemas de servicios básicos, seguridad y transparencia se combinan, el resultado es una sensación de fragilidad institucional que afecta tanto a la vida cotidiana de los habitantes como a la imagen del territorio.
Frente a este panorama, el desafío no es únicamente técnico. Es también político e institucional.
La provincia de Santa Elena cuenta con tres gobiernos municipales —Santa Elena, Salinas y La Libertad— además del gobierno provincial encabezado por la Prefectura. En un territorio cuya dinámica económica y urbana está profundamente interconectada, la coordinación entre estas autoridades resulta indispensable.
La planificación territorial moderna exige una gobernanza articulada capaz de integrar infraestructura, desarrollo urbano, turismo, seguridad y servicios públicos dentro de una visión de largo plazo.
Cuando cada institución actúa de manera aislada, los problemas se acumulan y las soluciones se vuelven parciales.
El desafío que enfrenta Santa Elena es, en esencia, un desafío de gobernabilidad.
Las ciudades turísticas no pueden desarrollarse únicamente a partir de la iniciativa privada o del crecimiento espontáneo del mercado. Requieren planificación pública, inversión en infraestructura y coordinación entre las instituciones responsables del territorio.
La experiencia internacional demuestra que los destinos turísticos que logran consolidarse son aquellos que construyen políticas públicas de largo plazo, integrando planificación urbana, gestión ambiental, infraestructura y seguridad.
Santa Elena tiene todas las condiciones para seguir siendo uno de los destinos más emblemáticos de la costa ecuatoriana. Pero sostener ese potencial exige fortalecer la planificación territorial, mejorar la coordinación institucional y recuperar la confianza ciudadana en la gestión pública.
Porque gobernar un territorio turístico no significa solo administrar el presente.
Significa planificar el futuro antes de que el crecimiento nos alcance.
