Ecuador transita hoy por uno de los momentos más delicados de su historia reciente. La violencia, la inseguridad y la incertidumbre social han colocado a la ciudadanía en un estado de alerta permanente que exige, más que nunca, claridad desde el poder. Sin embargo, el país pasó en pocos años de un modelo de gobierno que durante una década sostuvo una fuerte y constante inversión en comunicación política, a otro en el que el silencio o la comunicación mínima se ha convertido en una característica recurrente, aun cuando existe una Secretaría de Comunicación Gubernamental formalmente constituida.
Las estructuras están, los cargos existen, pero el relato público sobre la gestión del Estado es fragmentado, intermitente y, en ocasiones, inexistente. Desde este medio ya lo hemos señalado en un editorial anterior. Alguna vez, un exjefe me dijo una frase que hoy cobra plena vigencia en la función pública: lo que no se comunica, no existe. No como consigna publicitaria, sino como principio básico de transparencia y rendición de cuentas. La comunicación gubernamental no es propaganda. Es pedagogía democrática y respeto a los mandantes.
En los momentos más delicados de una nación, ya sea por una crisis social, una emergencia institucional o un proceso de transición política, la palabra del poder no puede ser ligera ni ausente. La comunicación gubernamental, lejos de ser algo circunstancial, se convierte en un acto de responsabilidad con la ciudadanía, con la democracia y con la historia. Cuando se trata del presidente de la República, cada declaración pública es, inevitablemente, un acto de Estado.
La ausencia de una comunicación pública constante y comprensible no solo genera incertidumbre, sino que debilita el vínculo entre el poder y la ciudadanía.
Por ello, más que nunca, se necesita una voz que inspire y oriente con claridad. Un jefe de Estado que se expresa con sentido fortalece la institucionalidad. Sin embargo, no todos los liderazgos se construyen desde la exposición permanente. En ese sentido, la creación de una vocería presidencial, inspirada en modelos como el de los Estados Unidos, era una opción estratégica válida para canalizar la comunicación del mandato sin forzar un estilo que no parece natural al presidente Daniel Noboa.
Delegar la comunicación no es una debilidad. En las democracias modernas es una forma inteligente de gobernar cuando el mandatario no se siente cómodo en la confrontación diaria con la prensa. El problema surge cuando esa delegación no se consolida, cuando la figura del vocero carece de respaldo político pleno, autonomía real y estabilidad. En el caso ecuatoriano, la inestabilidad de esa vocería ha dejado en evidencia que el cargo puede existir formalmente, pero sin el apoyo explícito del mandatario termina diluyéndose y perdiendo autoridad ante la opinión pública.
A este escenario se suma una relación compleja con una prensa visiblemente dividida, una situación que no es nueva ni exclusiva del momento actual. Históricamente, el sector periodístico ha sido uno de los primeros en resentir los efectos de los favoritismos del Estado en materia de pauta oficial. Desde el propio gremio, y con frecuencia a través de redes sociales, se repiten las quejas sobre la asignación desigual de recursos públicos, ya sea por la reducción, el retiro o la concentración de contratos publicitarios y convenios de difusión en determinados medios.
En distintos gobiernos, periodistas y medios han denunciado que la pauta estatal ha sido utilizada como mecanismo de presión política, retirándose a quienes no se alinean con la línea del gobierno de turno y favoreciendo a aquellos que mantienen una cobertura complaciente con la gestión oficial. Cuando la publicidad estatal deja de responder a criterios técnicos, transparentes y equitativos y se convierte en una herramienta de premio o castigo, el ecosistema informativo se debilita. En ese contexto, la ciudadanía termina desconfiando no solo del poder, sino también de los medios y de periodistas independientes, a quienes se les atribuye sesgo, aun cuando muchas veces ese señalamiento es consecuencia de un sistema que condiciona la sostenibilidad económica de la prensa.
Mientras tanto, los mandantes, quienes deberían contar con información clara y oportuna sobre las acciones de su gobierno, permanecen a la deriva. La ausencia de una comunicación pública constante y comprensible no solo genera incertidumbre, sino que debilita el vínculo entre el poder y la ciudadanía. En un país que enfrenta un conflicto interno, no saber con precisión qué se está haciendo, por qué se toman determinadas decisiones y cuáles son los horizontes de acción del Estado deja un vacío que rápidamente es ocupado por rumores, interpretaciones parciales y miedo. Además, abre la puerta a que intereses ajenos se aprovechen de la confusión, como suele decirse, a la pesca en río revuelto.
A esta ausencia de relato interno se suma una agenda internacional intensa del presidente, que da cuenta de un desempeño activo y aparentemente eficaz en el plano diplomático y empresarial, centrado en atraer inversiones y fortalecer la cooperación internacional. Se habla de negociaciones y acercamientos en ámbitos como energías renovables, turismo e infraestructura. Sin embargo, cuando se observa la realidad interna, por ejemplo en el sector turístico, resulta evidente que el país mantiene aún acciones pendientes y desafíos estructurales sin resolver. Poco o nada se conoce de manera clara y sistemática sobre los contenidos, alcances y compromisos derivados de estos encuentros internacionales.
Lo cierto es que la falta de información pública sobre estas gestiones alimenta la percepción de que decisiones de alto impacto para el país se toman lejos del escrutinio ciudadano, como si la política exterior y las negociaciones internacionales fueran asuntos ajenos a los mandantes. En una democracia, incluso los logros deben comunicarse, pero con mayor razón deben explicarse las decisiones que generan dudas, los procesos que no alcanzan los resultados esperados o los episodios que dejan preguntas abiertas. Cuando el poder guarda silencio frente a los tropiezos, la falta de información deja de ser un problema comunicacional y se convierte en un problema democrático, porque la ausencia de explicación se interpreta como distancia, evasión o falta de rendición de cuentas ante quienes delegaron el poder.
Por tanto, creo firmemente que gobernar bien también es comunicar bien. No se trata de hablar más, sino de hablar mejor. De explicar, de escuchar y de asumir que la información es un derecho ciudadano y no una concesión del poder. En tiempos de crisis, la palabra puede ser una herramienta de cohesión o un factor de fractura. La diferencia está en cómo, cuándo y para quién se comunica.
Porque una ciudadanía informada no es una amenaza. Es la base más sólida de cualquier democracia que aspire a sostenerse en el tiempo.
