Cada 23 de junio se conmemora el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, una fecha instaurada por la Asamblea General de la ONU en 2002 para reconocer la labor de quienes dedican su vida profesional al servicio del Estado. Esta jornada busca promover la excelencia, la innovación, la ética y el compromiso de los servidores públicos con el bienestar común, además de impulsar la buena gobernanza y la mejora continua de los servicios ciudadanos.
Desde esa mirada, la conmemoración invita a una reflexión personal sobre el camino recorrido en el sector público ecuatoriano. Un trayecto que marcó mi vida -en lo profesional y en lo humano- y que me permitió servir al país desde mi vocación como comunicadora, periodista y relacionista pública. Inicié en la entonces Secretaría de Información Pública, continué en Ecuatoriana de Aviación, y luego en el Municipio de Guayaquil (1997–2009), donde lideré desde el Museo Municipal iniciativas culturales que acercaron el arte y la historia a la ciudadanía. Más tarde, en la Prefectura del Guayas (2009–2014), impulsé una estrategia de comunicación desde las direcciones de Cultura y Turismo, enfocada en recuperar de alguna manera el patrimonio y posicionar a la provincia como un destino con identidad. Esta experiencia me llevó a fortalecer mi formación en gobernabilidad, liderazgo y gestión pública. El servicio público, para mí, ha sido siempre una conscripción cívica, acompañada por quienes compartieron conmigo cada reto y cada jornada.
Una realidad que interpela
Pero no se puede hablar del pasado sin interpelar el presente. Hoy, el servicio público en Ecuador enfrenta una crisis profunda. La vocación ha sido desplazada por intereses particulares, redes clientelares y una burocracia cada vez más alejada del bien común. Según informes de la OCDE y Latinobarómetro, más del 90 % de los ecuatorianos considera que la corrupción es un problema grave, una percepción que se ha intensificado en las últimas dos décadas, en parte gracias al acceso ciudadano a nuevas formas de comunicación que permiten mayor vigilancia y denuncia. Casos como Metástasis, Purga y Encuentro han dejado al descubierto redes de corrupción que involucran a jueces, funcionarios y empresarios, evidenciando la captura institucional del Estado.
El 9 de enero de 2024, el presidente actual declaró el “conflicto armado interno”, tras una violenta escalada protagonizada por bandas criminales, incluyendo la toma de un canal de televisión en vivo. El decreto reconoce a 22 grupos como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Desde entonces, Ecuador vive una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por la violencia extrema, el miedo cotidiano y un sistema judicial presionado políticamente, donde prácticas como el nepotismo siguen vigentes. A esto se suma el debilitamiento ambiental y territorial: la reapertura del registro minero, tras siete años de suspensión, ha generado graves impactos sobre ecosistemas y derechos indígenas, en un contexto aún marcado por la impunidad.
«En tiempos de desencanto y desconfianza, servir con ética, convicción y sentido de propósito es el mayor acto de patriotismo que puede ofrecer un servidor público.»
El servicio público no se improvisa
La erosión de la confianza ciudadana es cada vez más profunda. Desde la “muerte cruzada” de 2023 hasta la actual crisis de legitimidad del poder ejecutivo, el Estado aparece ante muchos como una estructura distante, opaca y desvinculada de las verdaderas necesidades sociales. Y aunque existen códigos de ética, mecanismos de denuncia y planes de integridad, su aplicación ha sido débil, y la voluntad política, insuficiente. Los recortes en salud, educación y energía, sumados a despidos masivos, agravan la percepción de abandono estatal.
En este contexto, recuperar el sentido de lo público es más urgente que nunca. Servir desde el Estado no debe ser una recompensa ni una vitrina política: es una responsabilidad que exige preparación, sensibilidad social y visión de futuro. La administración pública no solo demanda eficiencia técnica, sino también integridad ética y compromiso con la transformación social.
Una causa que se honra
En esta fecha conmemorativa, rindo homenaje a quienes siguen creyendo que servir al Estado es un acto de dignidad. A quienes, desde sus espacios, resisten la corrupción, la indiferencia y la desidia. Porque cada trámite justo, cada atención oportuna y cada decisión transparente pueden cambiar la vida de una persona.
Un ejemplo internacional de ese reconocimiento es el Programa de Premios de Servicio Público de la ONU, implementado en 2003 como el máximo galardón a la excelencia en la administración pública. Este premio destaca iniciativas innovadoras y transformadoras orientadas a mejorar la gestión estatal y acercarla a la ciudadanía. Desde 2016, sus criterios se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En 2023, al cumplirse 20 años del programa, la ONU decidió hacer una pausa para repensar su estructura, evaluar su impacto y renovar su alcance con una visión más audaz y contemporánea.
En tiempos de desencanto y desconfianza, servir con ética, convicción y sentido de propósito es uno de los mayores actos de patriotismo que puede ofrecer un servidor público. Y reafirmo, desde la experiencia y la convicción: el servicio al Estado no se improvisa ni se negocia. Se honra.
